Alejar al ser humano de la naturaleza para asegurar su bienestar es un planteamiento que ha quedado obsoleto. Los principales pensadores de la crisis ecosocial, de hecho, argumentan que el ser humano también es parte de la naturaleza, por lo que su impacto en ella es inevitable, pero además, también deseable. La nueva ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea, en vigor desde este domingo, se hace cargo de este nuevo paradigma. Ya no se trata de conservar los ecosistemas, sino también de recuperarlos.
Este reglamento obliga a los Estados miembros por primera vez en la historia a reparar el 20% de los ecosistemas terrestres degradados y otro 20% del entorno marino para el año 2030. Cada país decidirá las medidas específicas que aplicarán en sus territorios. Para ello, elaborarán un plan nacional de recuperación en el que se establezcan las necesidades y medidas de restauración para cumplir las obligaciones y alcanzar los objetivos de la norma.
Desde Ecologistas en Acción Lucas Barrero considera que «el gran valor» de la ley europea consiste en superar el paradigma de la conservación, «que hemos visto durante 30 años, desde que se aprobó la directiva de los hábitats en 1992, y que no está funcionando del todo». El ambientalista celebra en declaraciones a este medio que Europa decida «ir más allá para comenzar a restaurar los entornos degradados».
Una encarnizada batalla política
La aprobación de esta normativa tuvo lugar el pasado 17 de junio, tras una tortuosa tramitación que no dejó de traer sorpresas e imprevistos hasta el final. Hungría viró el rumbo hacia la posición de los detractores en marzo y casi impidió que el texto saliera adelante. Fue la ministra de Medio Ambiente de Austria, la ecologista Leonore Gewessler, la que salvó el reglamento al posicionarse a favor del «sí» in extremis. Esto abrió una brecha con sus socios de Gobierno, del Partido Popular (ÖVP). Además, el país germánico celebra este septiembre elecciones legislativas.
A pesar del respaldo de socialistas, liberales, verdes y la izquierda, el Partido Popular Europeo, que lidera Manfred Weber y al que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró desde el inicio su rechazo frontal. Los populares sintonizaban de este modo con la oposición de las grandes empresas agroindustriales y ganaderas.
«Es cierto que ha habido diversos lobbies agroganaderos que se han opuesto a esta ley, pero el futuro tiene que ir por aquí», indica a Público Fernando Prieto, doctor en Ecología e investigador en el Observatorio de Sostenibilidad. El experto recuerda que el PP Europeo tiende a mostrar «una oposición muy fuerte» con las cuestiones ambientales, como la contaminación del entorno en las ciudades. Sin embargo, después «sí que han asumido que era absolutamente necesario aplicar mecanismo de control de la calidad del aire», señala.
«Ha habido tensiones, como siempre cuando se entra en temas de negacionismo», valora Barrero a este diario. «Los grupos de ultraderecha conjuntamente con los sindicatos proindustriales presionaron hasta último momento para que no se aprobara esta ley porque consideraban que iba en contra de la agroindustria y la agropesca», indica. «No le ponían el apellido ‘industrial’, pero realmente este era el sector que se estaba movilizando», añade.
El ecologista subraya que «la primera condición para producir alimentos es tener un medio ambiente sano. Este reglamento no va en contra de la agricultura ni de la pesca, sino todo lo contrario: puede favorecerlas en lugares donde ahora están amenazadas».
Las ciudades, el gran desafío de la restauración
La norma europea no solo busca mejorar las condiciones de los ecosistemas rurales, sino también los urbanos. En concreto, el texto incluye requisitos para mantener el espacio verde y la cubierta arbórea de las ciudades y aumentarlos después de 2030.
«Es muy importante, en el contexto del calor extremo que estamos viviendo, realizar grandes anillos verdes alrededor de las ciudades», indica Prieto a Público.»La restauración de estos ecosistemas sobre todo deben beneficiar al conjunto de la población, que en su mayoría vive en las urbes». Estos anillos, presentes desde hace tiempo en localidades como Vitoria-Gasteiz, sirven para «bajar las temperaturas, aumentar el confort térmico y que no se muera la gente, que es lo que está pasando», añade el investigador.
Expertos y activistas parecen recibir con entusiasmo la entrada en vigor de la ley europea de restauración de la naturaleza. Por su parte, Barrero asegura que «vamos a seguir presionando para que se cumpla todo lo que dice el reglamento, pero además que vaya más allá«. El ambientalista aboga por objetivos ambiciosos y dotados de recursos. De este modo, concluye que Ecologistas en Acción seguirá de cerca las medidas que ahora le toca adoptar al Ministerio de Transición Ecológica.
Fuente: Público. Adhik Arrilucea@adhikarrilucea